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Grupo Abrisa defiende legalidad aprobación de su aeropuerto de Bávaro que “no pagará” impuestos durante 15 años

Abraham Hazoury, presidente del Grupo Abrisa, defendió el Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB), proyecto aprobado por el Poder Ejecutivo y que ha sido criticado por otros sectores del turismo en Punta Cana.
A través de un espacio pagado en la prensa, Hazoury dijo que se ha querido estampar la terminal con estigma de corrupción y agregó que es bochornoso que sea en la opinión de un controlador que funge como supervisor del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) en el Aeropuerto de Punta Cana, que sus detractores intenten desacreditar los aspectos técnicos y aeronáuticos del proyecto. “En breves palabras, el supervisor del IDAC está al servicio del supervisado: el Aeropuerto de Punta Cana”, dijo.
Negó que la terminal haya sido aprobada en el periodo de transición, puesto que se tardó más de un año desde la compra del terreno, la presentación de los documentos a las autoridades públicas, el 31 de octubre del 2019 hasta la emisión del decreto, el 21 de julio de 2020, citó que en su momento el Aeropuerto Internacional del Punta Cana (AIPC) fue aprobado mediante un oficio dirigido a la empresa propietaria, suscrito por el entonces presidente de la República, el 9 de noviembre de 1982, mediante la cual les otorgó su no objeción a los beneficios de la Ley 153 sobre Promoción en Incentivo Turístico.

El empresario agregó que el AIPC se mantuvo en un limbo contractual hasta el 10 de julio del 2000, cuando se suscribió su único contrato con el Estado, representado entonces por Diandino Peña, “casualmente también en el periodo de transición entre Leonel Fernández e Hipólito Mejía”.

“Lamentablemente, ese proceso ignominioso no parece que cambiará, ellos han apostado al circo y al sensacionalismo mediático, y siguen sus amenazas de continuar desacreditando, denunciando y sometiendo temerariamente a quienes no les sirven, manchando honras que ha costado toda una vida forjar. Pero ojo: el daño causado lo repara el que otorga el mandato, no el abogado que lo ejecuta”.

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