Nacionales

Deuda 36 pesos de agua podría provocar pérdida de mil de millones a familia

– Publicidad –

Herederos de los terrenos alegan que un abogado contratado por Coraasan realizó subasta ilegal

SANTIAGO .- Una deuda original de 36 pesos, por el servicio de agua potable y que cuatro años después fue indexada en 36 mil pesos por la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), está a punto de provocar que herederos de la dueña de la casa pierdan una herencia que sobrepasa los 1,000 millones de pesos.
El singular drama lo viven los descendientes de doña María Luz de León viuda Díaz debido a que, de acuerdo a lo explicado por ellos, un abogado contratado por Coraasan usó subterfugios legales para que un tercero se apropiara de los predios, que tienen una extensión de 548 mil 428 metros cuadrados, localizados en el distrito catastral número 6 de la comunidad Jacagua, de este municipio.
Geovanny Tejada, quien encabeza la defensa técnica de una parte de los herederos afectados, entre quienes están Víctor Méndez, exsenador y síndico de aquí y Pastora Méndez, es de opinión de que ese caso demuestra que en la justicia de esta jurisdicción hay un altísimo grado de corrupción, que no es como la de antes y que ahora el que tiene dinero y lo sabe mover en esa instancia no tiene problemas.
Relata que María Luz heredó los predios de su fallecido esposo Fernando (Nando) Díaz, los que originalmente eran propiedad de los padres de él y se lo dejaron como herencia.
La dama tenía una casa de su propiedad marcada con el número 118 de la calle Sabana Larga, entre la Independencia y la avenida Las Carreras, en el centro de esta ciudad, donde pagaba cada mes el servicio de agua potable.

Parte de los terrenos que los herederos aseguran les quieren quitar.

En el 2007 falleció, dejando una deuda de 36 pesos y, con el objetivo de que por lo menos llegara a un acuerdo de pago, cuatro años después de su muerte llegó casi a los 36 mil pesos, Coraasan contrató al abogado Edward Veras Vargas.
Pero, el entonces director general de esa empresa, Hamlet Otáñez, hace algunos días refirió que Veras Vargas estaba autorizado a buscar el pago adeudado en esa casa, pero que en ningún momento fue autorizado a ningún tipo de embargo y muchos en perjuicio de otra propiedad.
El jurista Tejada coincide en ese aspecto con el exfuncionario y recuerda que existe una ley que establece que ninguna institución del Estado puede participar en un procedimiento de embargo si no tiene una autorización del Poder Ejecutivo.
“El juez que conoció el caso tenía que pedirles a los abogados, en virtud de sus calidades, la autorización del Poder Ejecutivo para pretender ese embargo, pero no se hizo, lo que resulta sospechoso y a lo que se agrega que, aunque el expediente consta de miles de páginas, un juez interino solo tuvo un fin de semana para estudiarlo y el lunes siguiente emitió la sentencia”, dice Tejada, quien sostiene que ese magistrado actuó con ingenuidad o como cómplice.
Relatan los herederos que, al enterarse del deceso de la dama, comenzó la trama de la expropiación no de la casa donde tenía la deuda, sino de los terrenos ubicados a varios kilómetros del lugar.
Los familiares de doña María Luz se percataron que legalmente no eran los herederos, cuando preparaban el proceso de repartición y se les informó que esos predios ya no les pertenecían.

El abogado Geovanny Tejada muestra los documentos.

Sus abogados descubrieron que, en una “pública subasta”, Moisés Daniel Céspedes Sosa había “comprado” el inmueble que en ese entonces (hace nueve años) valían 439 millones de pesos y se lo adjudicaron por un millón y medio.
Algo de singular importancia es que Hamlet Otáñez, a la sazón director de Coraasan, asegura que de esos 100 millones y medio de pesos que logró el abogado Veras Vargas a la institución acuífera no entró un solo centavo. Tejada deduce, entonces, que el grupo hasta ahora se ha quedado con los terrenos y ese dinero.
“Fue un procedimiento viciado y totalmente reñido con la ley, porque lo normal es que se actúe contra el inmueble donde se realizó la deuda si cuesta más que la deuda y no en otra propiedad”, razonó el exfuncionario.
Recordó que los abogados externos contratados por Coraasan cobraban en función de si lograban pagos y que Veras Vargas “nunca nos comunicó esas acciones (el proceso de la venta en pública subasta de la finca, debido a la deuda) y actuó sin nosotros saberlo y fuimos sorprendidos en nuestra buena fe, porque eso no se hizo con moderación, justicia ni con equidad en proporción a la deuda”.
Justifica subasta
El abogado Veras Vargas justifica el proceso de pública subasta que ejecutó en abril del 2011, legando que “todos los actos del procedimiento fueron agotados en estricto apego a la norma, como sistemática y consistentemente lo he hecho durante 23 años de ejercicio profesional”.
Geovanny Tejada asegura que lo ocurrido en ese caso se está convirtiendo en acciones normales en el aparato judicial santiaguero, procesos ilegales que motoriza la oficina de un conocido abogado local, quien subcontrata colegas, alguaciles, jueces y hasta agentes de la Policía Nacional.
José Domínguez, sobrino de la fenecida y quien está a la cabeza del proceso para que se deje sin efecto lo que estima fue “una acción fraudulenta”, lamenta que el Juzgado de Paz de la Segunda Circunscripción de Santiago, donde se produjo la sentencia de adjudicación de esos terrenos, ahora no quiera volver a conocer el caso.
Los heredero piden que el proceso en contra de los terrenos de María Luz de León viuda Díaz sea anulado.

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba
Cerrar
Cerrar